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Denuncia que la jueza de Género le quitó la tenencia de su hija abusada y pide restitución

Actualizado: may 16

La madre de la niña denunció que a los 2 años fue abusada dos veces por su abuelo paterno y la justicia nunca la protegió. La causa ahora tuvo un nuevo escándalo cuando la jueza de Género Karina Cabral ordenó que el padre, hijo del presunto abusador, tendría la tenencia provisoria. Pide la detención del denunciado y que le devuelvan a su hija.

Por Antonella Sánchez Maltese


A principio de marzo y cuando todavía no se había desatado la crisis sanitaria, una polémica resolución de la jueza provisoria Karina Cabral volvió a vulnerar los derechos de la menor según denunció el abogado de la madre, Alejandro Cruz Antúnez. Hace más de 50 días la madre no puede tener contacto con su hija.

Para el abogado, la jueza Cabral no solo se excedió en sus competencias para resolver sobre el cuidado personal de una niña que habría sido abusada, sino que ignoró su interés superior y no tuvo en cuenta las pruebas químicas incorporadas a la causa que indicarían que sí existió el delito.

La compleja causa que tuvo muchas irregularidades se remonta a principio del 2018, cuando una mamá denunció que su hija de 2 años fue abusada por el abuelo paterno. Pese al pedido de la defensa, la Justicia no tomó medidas para impedir que vuelva a tener contacto con el denunciado y después de un año la nena habría sido abusada otra vez por el padre de su papá. El progenitor siempre negó el hecho.

SIN COMPETENCIA

El caso que volvió a tener repercusión mediática en las últimas semanas, desde el inicio estuvo salpicado de innumerables denuncias por irregularidades judiciales en el fuero civil y penal. El devenir de las actuaciones demuestra que el sistema judicial en su conjunto sigue desprotegiendo a la menor por quien la ley manda velar.

Subrogando a Azcurra, jueza natural de la causa que estaba de feria, el 10 de marzo Cabral ordenó que el cuidado personal de la niña quedaría en manos del papá, hijo del presunto abusador y único imputado en la causa. “Sin comunicarle al Ministerio Público pupilar y en su entendimiento de que no existía abuso, la jueza ejecuta una orden para cambio de tenencia provisoria. Se la saca a la madre para entregársela al padre cuando ella no tiene competencia porque son cuestiones en las que solo es competente la Cámara Civil y el juez de menores”, explicó Cruz Antúnez en declaraciones a radio La Red La Rioja.


La tenencia de la menor entró en discusión a fines del 2019 cuando el abogado del padre argumentó que hubo un impedimento de contacto, como la madre no dejaba que la niña lo viera interpuso una denuncia en el juzgado de Violencia de Género. Cabral resuelve argumentando que el impedimento de contacto estaría creando un trauma a la menor, a futuro y en la actualidad.

Entre otros puntos la jueza se vale de la declaración de las psicólogas de intervino a la niña, Mariana Wamba, quien argumenta que la nena “no refiere a nivel verbal como así tampoco se detecta a nivel emocional-conductual indicadores que puedan dar cuenta de algún tipo de situación compatible con una victimización sexual”.


“Pedimos que la Cámara Civil, que es la competente, determine y ordene inmediatamente la restitución. Después de cuatro años de vivir con su madre hace dos meses la sacaron de su centro de vida, donde están todas sus actividades, para llevarla a un lugar donde habría un peligro”, explica Cruz Antúnez.


El peligro que advierte es la proximidad con el presunto abusador. Si bien actualmente la menor vive con el padre y lejos del abuelo, la madre tiene muy presente que el segundo abuso que sufrió su hija fue casualmente cuando volvió a vincularse con el progenitor y estar cerca del padre de éste.


LA PRUEBA

Pero la posible cercanía con el abuelo no es el único argumento de la defensa para pedir la restitución de la nena, el cambio de caratula y la detención del acusado. “Existe una prueba química que determinaría la presunción fuerte de que el abuso existió y que quizás puede haber sido esta persona, ahora resta hacer el ADN para comprobarlo”, afirmó en referencia a una prenda de vestir que debe cotejarse.


Explicó además que la menor fue intervenida por cinco psicólogas de las cuales “tres fueron favorables y objetivas” respecto a la denuncia de abuso. “Una de las psicólogas que es perito oficial del Superior Tribunal de Justicia, especialista en psicodiagnóstico, dijo en sus conclusiones que en base a los juegos que la menor realizaba, hubo abuso”, explicó Antúnez contradiciendo así el informe de la psicóloga Wamba que citó Cabral para ordenar el cambio de tenencia.


Hace algunas semanas la entonces jueza natural de la causa, Magdalena Azcurra, dictó una resolución por la cual anulaba la de Cabral y ordenaba la restitución de la menor a su mamá. “Fue Asuntos Juveniles y se requirió al padre la entrega. Pero cuando llegamos en el domicilio había nueve personas con la menor de 4 años, rodeada de mayores y con un policía de por medio la niña no quiso irse”, explicó.

Esa resolución de Azcurra fue apelada por el padre y ahora es la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional quien debe resolverla.


En el entorno de la madre consideran que existen vinculaciones políticas que podrían estar relacionadas con las últimas irregularidades de la Justicia. Entre ellas mencionan la relación laboral que habría tenido hasta hace un par de días el presunto abusador con la secretaría de Justicia de la provincia. “Fue empleado de esa oficina y hace días cuando saltó a la luz todo este escándalo renunció, o lo hicieron renunciar”, sostienen cerca del entorno materno para desconfiar del proceder judicial.


En un reciente comunicado la secretaría de la Mujer y Diversidad pidió celeridad a la Justicia y apeló al respeto por el interés superior de la niñez. "Somos respetuosas de las competencias del Poder Judicial" dijo la secretaria Lourdes Ortíz pero pidió que "pueda actuar con celeridad para proteger" a la niña.


"Legalmente hicimos todas las presentaciones correspondientes y no pasa nada, ya no se qué mas hacer para proteger a mi hija", lamentó la madre. El argumento que subyace en la denuncia de irregularidades judiciales es que se violó el principio rector de todo juicio en el que se discute el interés superior de la niña: el de una vida libre de violencia, su integridad física y psíquica. Para el abogado, con una resolución y sin tener competencia, la jueza Cabral no lo garantizó.

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